y sus inmediaciones y dejaron 202 muertos, 6500 heridos y nueve desaparecidos.
El director general de Seguridad General del Líbano, Abbas Ibrahim, declaró que la explosión principal estaba relacionada con
aproximadamente 2750 toneladas de nitrato de amonio, que habían sido confiscadas por orden judicial a una embarcación en
2014.Se cree que la explosión tuvo efectos equivalentes a unos cientos de toneladas de TNT.
El 23 de septiembre de 2013, el barco MV Rhosus, con bandera de Moldavia y de propiedad rusa, zarpó desde Batumi, Georgia,
con rumbo a Beira, Mozambique, cargado con 2750 toneladas de nitrato de amonio. Algunas fuentes sostienen que en octubre
tuvieron problemas de motor por lo que tuvieron que anclar en Beirut. Otras fuentes indican que la propiedad no tenía fondos
para pagar el paso por el canal de Suez por lo que intentó recoger un cargamento de maquinaria pesada en Beirut. La
maquinaria se apiló sobre las puertas del espacio de carga que contenía el nitrato de amonio causando que las puertas se doblaran,
dañando el barco.Después de una inspección por parte de la autoridad portuaria, el Rhosus se declaró no apto para navegar
por lo que se le prohibió hacerlo, ocho ucranianos y un ruso se hallaban a bordo, y con la ayuda del cónsul ucraniano, cinco miembros
de la tripulación pudieron regresar, dejando a otros cuatro en el barco. El dueño de la nave, el empresario ruso con sede en Chipre
Igor Grechushkin entró en bancarrota27 y cuando todos perdieron su interés en la nave, la abandonaron.Al Rhosus se le agotaron las
provisiones, mientras que a la tripulación se le prohibió desembarcar debido a las restricciones migratorias. Los acreedores también
obtuvieron tres órdenes judiciales para embargar el barco. Varios abogados abogaron por la repatriación de la tripulación por razones
humanitarias, y un juez les permitió regresar a sus países de origen después de estar atascados por aproximadamente un año en Beirut.
Por orden del juez la carga se decomisó y se llevó al hangar número 12 del puerto, donde permaneció durante los siguientes seis años.
Varios oficiales de aduanas solicitaron mediante cartas una salida para la carga confiscada, proponiendo que fuera exportada, donada
al ejército libanés o vendido a una compañía privada en el Líbano. Las cartas fueron enviadas en 2014, 2015, 2016 y 2017. Aquella
que fue enviada en 2016 notó que los jueces no habían dado respuesta y "suplicaron" por una solución